Juárez, Chihuahua.- Aun cuando la defensa de José Luis A. C. y Facundo M. R., dueño y empleado respectivamente del Crematorio Plenitud, buscó deslindarlos de un procedimiento penal en su contra, un juez de control desechó sus argumentos y los vinculó a proceso judicial por la posible comisión de los delitos de ocultamiento de 383 cuerpos que se les entregó para su incineración, así como por conservarlos de manera ilícita.
La defensa, encabezada por la abogada Mara Haydée Lagunes Ávalos, alegó que las conductas señaladas en contra de sus representados son de carácter administrativo, no de tipo penal. Además, aseguró que es incorrecto acusarlos de ocultamiento por no llevar a cabo la incineración en el tiempo de 48 horas establecido en la ley.
Los cadáveres “estaban apilados, no escondidos” porque “se les juntó el trabajo. “El hecho que se les haya juntado el trabajo no significa que estuvieran ocultando los cuerpos”, dijo la abogada al solicitar la no vinculación a proceso de los imputados.
En la audiencia, que se extendió por casi siete horas, el agente del Ministerio Público (MP), Francisco Javier Rojas Esquivel, reiteró que las conductas de los imputados son clasificadas y sancionadas como delito, tal y como se contempla en el artículo 202, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el ilícito federal establecido en el apartado 462, fracción I, de la Ley General de Salud.
“Se impondrá prisión de seis meses a dos años o de 30 a 90 días multa, a quien”, indica el artículo 202, En la fracción I dice: “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
Malas prácticas de higiene
El agente del MP, Rojas Esquivel, explicó que, de acuerdo con un reporte de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COESPRIS), en el crematorio se detectó un manejo inapropiado de cadáveres, malas prácticas de higiene, falta de funcionamiento de dos cámaras de refrigeración, el horno crematorio fuera de operación y la carencia de energía eléctrica.
Se acusa de ocultamiento de cadáveres a José Luis A. C. y Facundo M. R., porque escondieron esa situación y los cuerpos, aunque la ley establece que la cremación de los difuntos se debe realizar en 48 horas.
Se estima que el ocultamiento de los cadáveres se dio entre el 7 de marzo del 2022, cuando ocurrió la última revisión de Coespris al crematorio, y el 27 de junio del 2025, cuando se registró el hallazgo de los cuerpos en ese lugar.
El juez Juárez Castro también señaló que el lugar donde se encontraron los cuerpos apilados es un crematorio, donde su presencia debe ser temporal, solo para su incineración y luego entregar esos restos a los deudos.
