Campeche, México.- El Congreso de Campeche aprobó en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, impulsada por el Ejecutivo estatal y avalada por la bancada de Morena, con la que se establecen nuevas reglas para la ocupación y toma de posesión de bienes particulares bajo la figura de “utilidad pública”.
La reforma fue aprobada por mayoría simple y contempla procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio. La medida responde a la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco Campeche para la construcción de vialidades y vivienda social.
“No solo es grotesco, es un atropello” 🔥 así califica Alejandro Moreno (@alitomorenoc), presidente del PRI, a la llamada “Ley Alito” en Campeche. 🚨 Considera que representa una amenaza a la propiedad privada y a los ciudadanos: “Mi patrimonio es lícito”.#PorLaMañana con Ciro… pic.twitter.com/LX0Ruc0IKz
Sin embargo, integrantes de la mayoría legislativa reconocieron que la ley tiene un destinatario particular: el exgobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
“A qué le teme la oposición, Moreno, como todo México lo sabe y muchos ligados al gobierno han comprado grandes superficies de tierras […] casi regalados por favores políticos”, declaró la diputada del PT, Ana María López.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha denunciado en diversas ocasiones que Moreno posee propiedades en zonas exclusivas de alta plusvalía. Según información de la Fiscalía General del Estado, existe una carpeta abierta desde 2022 por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente priista, quien reportó en su declaración patrimonial 13 propiedades, entre ellas dos casas y 11 terrenos adquiridos entre 2012 y 2021.
Mientras Morena sostiene que la ley busca garantizar terrenos para proyectos de desarrollo y vivienda, las bancadas opositoras denuncian que se trata de un instrumento que pone en riesgo el patrimonio privado al quedar sujeto a la decisión del gobierno estatal.
