SEP aclara que la educación militarizada no está permitida en México

México.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que la legislación mexicana no contempla ni autoriza la llamada educación militarizada, al referirse al caso de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano realizado en una academia de Ciudad Madero, Tamaulipas.

SEP recuerda que la ley no contempla la educación militarizada

Durante su pronunciamiento, el funcionario explicó que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional avalan este tipo de modalidad educativa. Por ello, indicó que la dependencia federal envió un comunicado a las autoridades educativas de las entidades federativas, responsables de otorgar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

Mario Delgado señaló que el objetivo es recordar que, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Educación, no existe autorización legal para operar instituciones bajo el esquema denominado educación militarizada.

Asimismo, informó que mantiene comunicación con el secretario de Educación de Tamaulipas y con el gobernador Américo Villarreal para dar seguimiento al caso. Añadió que, hasta el momento, no ha sido posible establecer contacto con Alejandra Quintos, madre de la menor.

🔴Sobre el caso Dafne Zapata, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que no está autorizada ningún tipo de educación militarizada.

El secretario recordó que la ley protege a niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de maltrato.

Subrayó que la Nueva Escuela Mexicana…

— Azucena Uresti (@azucenau) July 27, 2026

Continúa el proceso judicial por el caso de Dafne Zapata

Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan. El pasado domingo se llevó a cabo la audiencia contra Jorge Luis “N”, conocido como Comandante Ponce, y Estrella “N”, identificada como Sargento Estrellita, quienes son investigados por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente.

Durante la diligencia, una jueza de control concedió el plazo constitucional de 144 horas, solicitado por la defensa de ambos imputados, para resolver si serán vinculados o no a proceso.

El caso ha generado atención pública y mantiene bajo seguimiento tanto a las autoridades educativas como a las instancias encargadas de la investigación judicial.

Fuente: Agencias