Debate por la nueva Ley de Aguas divide al Congreso entre acusaciones de control y exigencias de justicia hídrica

México.- El pleno de la Cámara de Diputados protagonizó un intenso debate sobre el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, una reforma que ha generado posturas encontradas entre los distintos grupos parlamentarios. Mientras la oposición advierte que se trata de una norma centralizadora que vulnera derechos y amenaza al sector productivo, la mayoría parlamentaria defiende que se trata de una legislación necesaria para garantizar el derecho humano al agua y terminar con prácticas irregulares acumuladas por décadas.

Desde el PAN, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño calificó la iniciativa como una ley “rígida, sospechosa y hostil”, asegurando que carece de presupuesto, elimina certezas jurídicas y convierte al agua en “moneda de control político”. En contraste, legisladoras como Martha Olivia García Vidaña (Morena) argumentaron que la reforma fortalece la rectoría del Estado, corrige un rezago histórico y adecúa el marco legal a la realidad hídrica, social y ambiental del país.

Posturas encontradas: entre la justicia hídrica y el riesgo de centralización

Diputadas de MC y el PRI expresaron preocupación por el impacto de la ley en millones de personas sin acceso al agua y por la supuesta discrecionalidad en la reasignación de concesiones. Desde el PVEM, en cambio, se subrayó que el dictamen no privatiza el agua de lluvia y regula su aprovechamiento responsable, mientras que otros legisladores defendieron que la reforma prioriza el consumo humano, combate la sobreexplotación y garantiza el uso agroalimentario.

Mayoría insiste en que la norma rescata la rectoría del Estado

Morena, PT y PVEM insistieron en que la reforma consolida al agua como un derecho humano, reconoce a los sistemas comunitarios, fortalece a pueblos originarios y elimina prácticas privatizadoras del pasado. La oposición, sin embargo, advirtió que la ley criminaliza a productores, impide la transmisión de concesiones entre particulares y, según legisladores del PAN y PRI, constituye un retroceso que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la seguridad jurídica del campo mexicano.

Fuente: Agencias