Sheinbaum: Reforma a la Ley de Amparo busca agilizar la justicia y evitar rezagos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reforma a la Ley de Amparo propuesta por su administración tiene como objetivo central hacer más expedito el sistema judicial mexicano y reducir los largos tiempos que enfrentan miles de personas en procesos legales.

“Es muy importante para que se haga más expedito y que sean más rápidas las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que están modificando, y en particular, con la Ley de Amparo”, puntualizó la mandataria federal

Sheinbaum subrayó que una de las principales motivaciones detrás de esta iniciativa es resolver la problemática de las personas privadas de su libertad que llevan años en prisión sin haber recibido una sentencia definitiva.

“No puede ser que pasen años y años sin que haya una resolución judicial. Eso es lo que buscamos cambiar”, enfatizó.

La presidenta también explicó que la reforma pretende acotar los alcances del amparo, ya que actualmente permite que, incluso con una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una parte pueda volver a promover un amparo contra la ejecución de dicha sentencia, lo cual retrasa la impartición de justicia.

Pese a los cambios propuestos, Sheinbaum aseguró que la defensa de los derechos de los ciudadanos ante actos de autoridad seguirá garantizada en la iniciativa.

“Por supuesto que se mantiene esa protección; lo que buscamos es evitar abusos del sistema que hoy generan impunidad o retrasos injustificados”, afirmó.

Con la reciente propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha generado un amplio debate nacional sobre el alcance del Poder Judicial y el equilibrio entre eficiencia y protección de derechos.

El gobierno sostiene que las reformas buscan evitar abusos del sistema y agilizar los procesos judiciales; sin embargo, diversos sectores advierten sobre el riesgo de debilitar el papel del Poder Judicial como garante de los derechos ciudadanos.

¿Qué es lo que propone?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo (y algunas leyes relacionadas) con estos objetivos principales:

• Agilizar los procedimientos judiciales, reducir los tiempos que hoy en día se prolongan por años.
• Asegurar que, una vez que haya una sentencia firme de la Suprema Corte, no se puedan entablar múltiples amparos que demoren la ejecución de esa sentencia.
• Limitar abusos de suspensiones generales que bloquean acciones del gobierno federal en bloque, no sólo para los que interpusieron el amparo.
• Establecer plazos más claros: por ejemplo, 5 días para notificar admisión de ciertos recursos de revisión o amparos directos, 60 días para dictar sentencia fuera de la audiencia constitucional.
• Incorporar herramientas de digitalización para actuaciones y notificaciones, para hacer más eficiente el sistema.
• Definir “interés legítimo” según criterios de la Suprema Corte en la Ley de Amparo, para acotar quién tiene capacidad de promover ciertos amparos.

Otros cambios relevantes

• La reforma incluye modificaciones para que suspensiones no procedan si obstaculizan funciones claves del Estado, como las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en casos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
• Cambios constitucionales en materia de supremacía constitucional y amparo, para reforzar que las reformas constitucionales aprobadas no puedan ser bloqueadas vía amparo general.

¿Por qué lo impulsa el gobierno?

• Para evitar que procesos duren décadas, especialmente cuando ya hay una sentencia firme pero no se ejecuta por múltiples recursos.
• Para evitar que suspensiones generales, concedidas por jueces, detengan reformas, políticas, programas o acciones del gobierno.
• Para que los ciudadanos tengan justicia pronta y expedita, que los derechos frente a actos de autoridad estén verdaderamente garantizados, sin dilaciones indebidas.

Críticas y preocupaciones

• Oposición política y algunos juristas advierten que la reforma podría restringir el acceso a la justicia, sobre todo para quienes no tienen recursos, pues las suspensiones generales permitían amparos colectivos que benefician a varios.
• Se argumenta que al limitar las suspensiones, se podría permitir que actos potencialmente inconstitucionales sigan vigentes mientras no haya una resolución definitiva.
• Algunos ven un riesgo de que se blinden reformas constitucionales de mayoría gobernante, reduciendo instrumentos legales para la impugnación democrática.
• También se plantea la cuestión de si los plazos nuevos serán suficientes para procesar casos complejos, y si el aparato judicial tiene capacidad técnica para cumplirlos eficientemente.

Implicaciones

• Positivas, en el sentido de que podría acortar significativamente los tiempos de litigio y de ejecución de sentencias, lo que beneficia a ciudadanos que han esperado años para que se resuelvan sus casos.
• Negativas, si la reforma se interpreta de forma que se limite la tutela judicial efectiva, o si los controles y garantías para evitar abusos de autoridad se debilitan.
• En el plano político, puede reforzar el poder ejecutivo/gubernamental al reducir las herramientas de freno que tenía el sistema judicial en algunos casos.
• En lo práctico, deberá vigilarse que el sistema judicial federal tenga los recursos, capacidades institucionales y operativas para cumplir con los nuevos plazos y procedimientos sin que la calidad jurídica se vea afectada.

Fuente: Agencias